La seguridad en todas sus vertientes: seguridad pública, seguridad nacional, seguridad interior, seguridad humana, seguridad ciudadana y gobernanza; el sistema penal acusatorio: los sistemas penales federal y de las entidades federativas, la teoría del delito, las ciencias penales, el criminal compliance y la responsabilidad penal de las empresas y la profesionalización de quienes intervienen en la vida institucional, empresarial, social y política, todo esto abarca la justicia penal.
Desde las mínimas garantías para la convivencia social, el acceso a la justicia y la justicia cívica hasta un modelo que abarca aspectos digitales, de nuevas tecnologías y de inteligencia artificial, la seguridad es parte esencial de la vida de cualquier persona. Factores como las actividades inherentes en las organizaciones, la profesión que desempeña un individuo e incluso sus aspiraciones políticas o desempeño empresarial, todas ellas requieren un seguimiento en materia de seguridad.
El diseño de una política de seguridad y de criminal compliance para cualquier empresa u organización se hace indispensable para lograr un entorno ideal para el desarrollo de las diferentes áreas de especialización, el alcance de sus objetivos y la protección de la reputación corporativa. De igual forma, contar con programas de ciberseguridad y gobierno corporativo, coadyuva para garantizar el adecuado funcionamiento de la tecnología y las comunicaciones en cualquier corporación, sin olvidar la implementación de modelos de cumplimiento normativo orientados a prevenir la violación de leyes, normas y procedimientos, que se encuentren alineados con las tendencias de vanguardia de las ciencias penales.
Atender la seguridad pública y la seguridad ciudadana desde el ámbito gubernamental, con la implementación de modelos de justicia cívica y alternativa, policiales y de atención a víctimas, al igual que el diseño de modelos normativos y dictámenes de iniciativas de leyes y reglamentos, se hace necesario para garantizar la seguridad ciudadana en cualquier nivel, ya sea federal, estatal o municipal.
Dentro del marco legal, es indispensable tomar en cuenta que el sistema de justicia penal está en permanente desarrollo por lo que es necesario actualizar y promover la capacitación de todos los actores que lo integran.
EL sistema penal acusatorio, que entró en vigor en el año 2016, requiere una especial atención, con el diseño de programas de capacitación para todos sus operadores como policías, peritos, ministerios públicos, jueces, asesores de víctimas y personal del sistema penitenciario. De igual forma, la implementación de modelos de este nuevo sistema se hace necesaria en las diferentes entidades federativas.
Dentro de la vertiente de seguridad empresarial, el desarrollo de un criminal compliance program se presenta como un componente básico para el crecimiento de cualquier organización, tomando en cuenta que es la única forma de prevenir o atenuar delitos empresariales que pueden resultar, incluso, en la disolución de la empresa. La factibilidad de contar con un especialista en ciencias penales se presenta como una necesidad en la implementación de estos programas, debido a su especialidad y conocimiento sobre el tema.